Cada vez son más los propietarios que, tras alquilar sus viviendas recién reformadas, se enfrentan a inquilinos que dejan de pagar en los primeros meses, generando incertidumbre y conflictos legales.
Ante este tipo de situaciones, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su sentencia 38/2024 de 17 de abril de 2024, ha confirmado recientemente la condena a un año de prisión por estafa contra una mujer que firmó contratos de arrendamiento sin intención de abonar las rentas.
Estas son las claves del fallo judicial:
1. ¿Cuándo se considera delito un incumplimiento contractual?
La sentencia establece que firmar un contrato con la intención de no cumplir con los pagos puede constituir un delito de estafa, siempre que se demuestre dicha intención fraudulenta desde el principio.
En este caso, la acusada nunca abonó ninguna de las rentas pactadas, lo que llevó al tribunal a concluir que actuó de manera premeditada para beneficiarse del uso de los inmuebles sin intención de pagar.
2. El elemento clave: la prueba de la intención fraudulenta
Uno de los aspectos fundamentales de la resolución es la necesidad de probar la intención dolosa del acusado.
A pesar de que la defensa argumentó que su clienta enfrentaba problemas de salud, el tribunal desestimó este argumento, concluyendo que desde el inicio era consciente de que no cumpliría con el contrato.
3. ¿Diferencia entre incumplimiento civil y estafa penal?
Este caso subraya una cuestión clave en el derecho penal: no todo incumplimiento contractual constituye un delito.
Sin embargo, cuando el tribunal interpreta que hubo engaño desde el principio, el caso deja de ser un mero conflicto civil y pasa al ámbito penal. En este fallo, el TSJ consideró que no se trataba de un simple impago o desacuerdo comercial, sino de una estrategia premeditada para obtener un beneficio ilícito.
4. La polémica sobre las pruebas
La defensa alegó que no existían pruebas concluyentes que demostraran que la acusada tenía intención de estafar.
No obstante, el tribunal sostuvo que el impago total de las rentas, sin intentos de regularización ni justificación razonable, evidenciaba que la inquilina era plenamente consciente de que no abonaría el alquiler desde el principio.
5. Impacto para propietarios y futuros arrendamientos
Este tipo de sentencias puede tener repercusiones en el mercado del alquiler. Muchos arrendadores podrían endurecer sus requisitos a la hora de seleccionar inquilinos, recurriendo con más frecuencia a garantías adicionales como avales bancarios, seguros de impago o informes de solvencia.
Además, este fallo podría abrir la puerta a más litigios penales en casos de impago intencionado, lo que supondría un cambio en la forma en que se abordan los incumplimientos de contrato en el ámbito judicial.
